ESPAÑA (Pulso) — Ceuta vive una crisis de convivencia. Vecinos de la ciudad autónoma española expresaron su rechazo público a la actuación de Cruz Roja durante la reciente llegada masiva de migrantes desde Marruecos.
En concentraciones y protestas, algunos residentes lanzaron consignas contra la organización. Una de las expresiones registradas: «No tienen vergüenza». Varios manifestantes llegaron a exigir que Cruz Roja abandone la ciudad.
El malestar tiene un argumento concreto. Según los vecinos, la respuesta humanitaria habría facilitado la permanencia de los migrantes en lugar de priorizar las necesidades de los residentes locales.
La crisis se desató a finales de julio. Miles de personas procedentes de Marruecos intentaron cruzar la frontera. Las autoridades desplegaron un amplio dispositivo de seguridad y asistencia. Parte de los migrantes permanecieron en espacios públicos mientras se buscaban plazas adicionales.
El Gobierno español y las autoridades de Ceuta habilitaron nuevos espacios de acogida temporal. Las fuerzas de seguridad reforzaron la vigilancia fronteriza con Marruecos.
La presión sobre los servicios de acogida aumentó considerablemente en las semanas posteriores. La situación generó problemas de convivencia y preocupación entre sectores de la población local.
Los vecinos que reclaman la salida de Cruz Roja sostienen que el Estado debe garantizar el control fronterizo. Y que determinar quién permanece en territorio español es competencia exclusiva de las instituciones, no de organizaciones humanitarias.
Lectura editorial. Lo que ocurre en Ceuta no es un episodio aislado. Es el síntoma de un Estado que no controla su frontera y traslada el costo a sus propios ciudadanos. Cuando el aparato humanitario sustituye al control soberano, la factura la pagan los vecinos: en convivencia, en servicios, en seguridad. La indignación en las calles de Ceuta es la respuesta lógica a una gestión que priorizó la acogida sin resolver primero el acceso irregular. El orden fronterizo no es xenofobia; es la condición mínima del Estado de derecho.
