CHILE (Pulso) — La puerta de la Embajada de Haití en Santiago quedó derribada este sábado. Ocurrió en Avenida República 590, Región Metropolitana.
Unas 500 personas se habían concentrado desde las 07:00 horas. Buscaban obtener certificados de antecedentes. Nadie salió a atenderlas hasta pasadas las 11:00.
«Lo que pasó allá es muy preocupante y vergonzoso», declaró David Antoine, vocero de la Comunidad Haitiana en Chile. Atribuyó el detonante a «problemas con el certificado de antecedentes» de Haití.
Antoine precisó que la embajada no estaba emitiendo el documento. Según su versión, capacitaban personal y atendieron solo a algunos presentes. La información circuló y generó expectativa masiva.
El vocero también apuntó al Servicio Nacional de Migraciones. Afirmó que el nuevo director del Sermig «retrocedió trámites que estaban en etapa de firma a resolución». Calificó ese criterio de «arbitrario».
La desesperación escaló. «Las personas derribaron la puerta y entraron buscando al cónsul para hablar», relató Antoine. Carabineros no emitió vocería al respecto.
La embajada pidió que todos salieran y ofreció explicar el plan. Era, según Antoine, lo que los manifestantes exigían: «Que nos hablaran, que no nos dejaran como tontos».
El vocero advirtió que la comunidad «está entrando en una crisis social». Señaló que cerca de seis de cada diez haitianos en Chile sostienen económicamente a familias en Haití. Sin documentos, enfrentan desempleo, discriminación y vulneración de derechos.
Lectura editorial. El episodio expone el costo real de la burocracia migratoria: el aparato estatal exige un documento, pero ni el Sermig ni la embajada garantizan los medios para obtenerlo. El resultado es predecible: cientos de personas sin información, sin atención y sin nada que perder. Cuando el Estado impone obligaciones sin ofrecer soluciones, la frustración no es un accidente; es una consecuencia directa de la mala gestión pública.
