RUSIA (Pulso) — Un tribunal de la ciudad de Pskov condenó este lunes a Lev Shlosberg a 11 años y un mes de prisión en una colonia penal. Shlosberg es vicepresidente de Yábloko, el único partido registrado en Rusia que ha pedido abiertamente el fin de la guerra.
Los cargos: desacreditar a las Fuerzas Armadas rusas y difundir información considerada falsa sobre el conflicto. Shlosberg mantuvo su inocencia. Calificó el proceso de políticamente motivado y reiteró su llamado a un alto el fuego inmediato.
Durante su alegato, el político describió la guerra como una «catástrofe» para Rusia. Señaló que los cementerios del país crecen más rápido que las maternidades, guarderías y escuelas. El juez lo interrumpió en repetidas ocasiones.
«Una sola persona está encarcelada, pero el miedo se infiltra en los corazones de millones», afirmó Shlosberg, según una transcripción difundida por un medio independiente.
Shlosberg había sido detenido inicialmente en junio del año pasado. Lo acusaron de desacreditar al ejército tras describir la guerra como una partida de «ajedrez sangriento» durante un debate en video. Posteriormente, los fiscales añadieron un cargo relacionado con la supuesta difusión de información falsa a raíz de una publicación compartida en su canal de Telegram.
Medios independientes rusos han identificado los nombres de al menos 239.354 militares rusos fallecidos mediante registros públicos. A partir de documentos relacionados con las herencias de personas fallecidas, esos medios han estimado que la cifra real podría superar los 350.000 muertos. Ni Moscú ni Kiev publican cifras actualizadas y completas de sus bajas.
El 10 de agosto, la Corte Suprema de Rusia excluyó a Yábloko de las elecciones parlamentarias previstas para el próximo mes. El máximo tribunal rechazó este lunes el recurso presentado contra esa prohibición. En junio, otro dirigente del partido, Maxim Kruglov, fue condenado a siete años de prisión por cargos similares.
Pulso Global observa el patrón con claridad. El aparato judicial opera como herramienta de silenciamiento: condenas sucesivas, exclusión electoral y censura sistemática reducen el espacio opositor antibélico. El costo lo pagan ciudadanos que ejercen la palabra; el beneficio lo acumula un Estado que teme el escrutinio sobre sus propias bajas. Eso no es justicia: es administración del miedo.
