ESTADOS UNIDOS (Pulso) — La gobernadora de Massachusetts, Healey, firmó la ley conocida como «Prioritizing Patient Access to Care Act». La norma elimina el límite general de 24 semanas vigente hasta ahora.
Con el cambio, los profesionales de salud tendrán mayor margen para practicar abortos en etapas avanzadas. No quedarán expuestos a las sanciones que contemplaban las restricciones anteriores.
La ley entra en vigor en 90 días, según el documento.
Healey defendió la reforma durante el acto de promulgación. «Las decisiones sobre atención médica deben ser tomadas entre las mujeres y las familias y sus médicos, no por los políticos», afirmó, según la fuente.
La gobernadora también confrontó con Trump y los republicanos. Los acusó de buscar reducir las protecciones al aborto a nivel nacional.
Massachusetts se suma así a Alaska, Colorado, Maryland, Michigan, Minnesota, Nueva Jersey, Nuevo México, Oregón, Vermont y el Distrito de Columbia. Todas son jurisdicciones sin límite gestacional general.
La organización SBA Pro-Life America condenó la firma. Su presidenta, Dannenfelser, calificó la medida como «extrema». Cuestionó la eliminación de límites para abortos en etapas avanzadas y reclamó protecciones nacionales para los niños por nacer.
El contexto es el enfrentamiento político post-Roe v. Wade. Desde que la Corte Suprema anuló ese fallo, los estados regulan el aborto de forma autónoma.
Lectura editorial. La ley de Healey no amplía un derecho abstracto: elimina una barrera concreta que protegía la vida en gestación avanzada. El argumento del «acceso a la salud» desplaza deliberadamente la pregunta central: qué estatuto jurídico tiene el nasciturus en las últimas semanas. Esa pregunta no desaparece por decreto estatal.
El movimiento provida tiene razón en un punto clave: dejar la regulación exclusivamente a los estados produce un mapa fragmentado donde la protección de la vida depende del código postal. El debate sobre estándares nacionales mínimos es, precisamente, el que Healey prefiere evitar.
