ESPAÑA (Pulso) — La Guardia Civil confirmó al menos 15 denuncias por violación en Ceuta desde la entrada masiva de inmigrantes ilegales marroquíes registrada a finales de julio.
El último episodio ocurrió el viernes por la noche en la calle Lisboa. Según medios locales, tres marroquíes —aparentemente hermanos— intentaron abusar sexualmente de una niña de 10 años.
El operativo en la frontera del Tarajal moviliza casi 1.500 efectivos de la Guardia Civil y la Policía Nacional, más personal militar. Marruecos también desplegó agentes en montañas, playas y carreteras próximas.
Fuentes de la Guardia Civil identificaron a 1.800 menores mediante pulsera identificativa. El propio cuerpo advirtió dificultades: «El problema es que luego se les devuelve a la calle, no van ni al Ceti ni son devueltos a Marruecos», según esas fuentes.
Durante la última semana, 1.500 personas regresaron voluntariamente a Marruecos. Aun así, miles de inmigrantes permanecen dispersos por distintos sectores de la ciudad.
La Guardia Civil también confirmó la detención de un inmigrante marroquí con antecedentes por terrorismo y otros delitos, con orden de arresto de Interpol vigente.
Las calles de Ceuta permanecieron prácticamente vacías durante la jornada festiva del 15 de agosto. Los supermercados abiertos operaron con custodia militar. Las fuentes policiales señalaron además que el aire acondicionado en la frontera no funciona y denunciaron confusión operativa tras cambios de mando recientes.
Lo que ocurre en Ceuta es el resultado directo de una frontera porosa y de un Estado que no repatrió a tiempo. Cada menor devuelto a la calle —en lugar de al Ceti o a Marruecos— es una falla del aparato burocrático, no un accidente. El orden público y la seguridad de los ciudadanos exigen decisiones que la administración española ha evitado tomar. El coste lo pagan los vecinos de Ceuta.
