VENEZUELA (Pulso) — Caracas. El Programa para la Paz y la Convivencia Democrática anunció este viernes medidas alternativas a la privación de libertad para 131 personas. Todas estaban detenidas por presunta participación en delitos contra «la institucionalidad democrática, la paz y el desarrollo de la República», según el comunicado oficial.
La medida se enmarca en la ley de amnistía aprobada en febrero. Esa ley abre la puerta a excarcelar a quienes hayan cometido delitos desde 1999.
La ONG Foro Penal confirmó antes del anuncio oficial la liberación de 17 personas. Entre ellas, Emirlendris Benítez, presa desde 2018. Según Amnistía Internacional, su detención se originó por compartir un trayecto en automóvil con terceras personas. La organización documentó en 2023 que fue torturada durante su reclusión.
Benítez perdió el hijo que esperaba. Hoy necesita silla de ruedas para moverse, según el mismo informe.
El Comité por la Libertad de los Presos Políticos (CLIPPVE) celebró su liberación, pero advirtió que «aún quedan cientos de presos políticos privados de su libertad». El organismo exigió «reparación integral para todas las víctimas», en especial para las mujeres sometidas a «tratos crueles, inhumanos y degradantes», según su comunicado.
La presidenta encargada Delcy Rodríguez había anunciado la ley de amnistía a finales de enero. En esa misma ocasión informó el cierre del Helicoide, centro de detención del SEBIN señalado por la oposición como lugar de torturas.
Lectura editorial. El régimen envuelve en lenguaje institucional lo que es, en esencia, la liberación parcial de víctimas de su propio aparato represivo. Ciento treinta y un liberados frente a cientos que permanecen presos no es amnistía: es gestión de imagen. Mientras el Estado venezolano controla el ritmo y los criterios de las excarcelaciones, la libertad sigue siendo una concesión del poder, no un derecho garantizado.
