PANAMA (Pulso) — La Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, capítulo panameño de Transparencia Internacional, pidió este miércoles al presidente Mulino que objete por inexequible el proyecto de ley 594. La iniciativa reforma el Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional.
Según la organización, el texto desnaturaliza las funciones constitucionales de los diputados. Les asigna «gestionar, impulsar y fiscalizar» programas en sus circuitos. También les garantizaría una inversión mínima para obras dentro del Presupuesto General del Estado.
La Fundación cita los artículos 159, 160 y 161 de la Constitución. Ninguno autoriza a los diputados a gestionar proyectos locales. El artículo 163, además, prohíbe a la Asamblea invadir competencias de otros órganos.
El proyecto también invadiría competencias municipales. Los artículos 232, 233, 242, 243 y 250 de la Constitución asignan el desarrollo local a municipios, alcaldes y juntas comunales. «Transferir esas funciones a diputados erosiona la autonomía municipal», advirtió la organización.
El antecedente es directo. La Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional el esquema de partidas circuitales el 16 de marzo de 2017. Ese fallo estableció que la Asamblea no puede administrar recursos públicos con fines ajenos a la función legislativa. Según la Fundación, la reforma 594 revive exactamente esa fórmula.
El diputado independiente Zúñiga ya había calificado la aprobación como un «retroceso» y también pidió el veto. La reforma excluyó propuestas de transparencia en planillas, prohibición del nepotismo y eliminación de privilegios. En cambio, incorporó a última hora disposiciones para computar como asistencia actividades en los circuitos.
La Fundación recordó a Mulino su discurso de toma de posesión: prometió «hacerlo distinto» y rechazó comprar apoyos legislativos con prebendas. «Hoy tiene usted la oportunidad de honrar ese compromiso», le planteó.
Pulso Global observa lo evidente: convertir a los diputados en distribuidores de fondos públicos en sus circuitos es clientelismo con sello legal. El dinero de los contribuyentes no debe financiar ventajas electorales. Mulino tiene el veto. Usarlo o no definirá si su promesa de ruptura fue real o retórica.
