CUBA (Pulso) — El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció este jueves sanciones contra tres personas y nueve empresas y entidades de Cuba. La medida se da en el marco de las presiones de la Administración de Donald Trump a las autoridades cubanas.
Las tres personas sancionadas están vinculadas al Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP). Son su vicepresidenta, Noemí Rabaza; su directora para Norteamérica, Leima Martínez; y su presidente, el diputado Fernando González Llort. Este último estuvo encarcelado en Estados Unidos durante 15 años por presunto espionaje, según la fuente.
Entre las entidades sancionadas figuran cuatro empresas del sector metalúrgico y mineral: Acinox Comercial, Geominsal, Metalcuba y Empresa de Níquel Comandante Ernesto Che Guevara. Operan «en beneficio del régimen», según la Casa Blanca.
También fue sancionado el Ministerio de Construcción. Y la Agencia de Contratación a Representaciones Comerciales S.A., que provee mano de obra cubana a firmas extranjeras. Washington afirma que esa agencia ha «retenido más del 90% de los salarios pagados» por esas empresas a sus empleados.
Completan la lista Coratur SA, Transimport y Consumimport, tres firmas bajo el paraguas del Grupo Empresarial del Comercio Exterior (GECOMEX), ya sancionado.
El canciller cubano Bruno Rodríguez rechazó las medidas. Señaló que responden al «propósito deliberado» de dañar la economía de la isla. Según Rodríguez, las sanciones «obstaculizan la transportación de contenedores con alimentos, medicinas y dispositivos médicos, mayormente adquiridos por pymes privadas cubanas». En sus redes sociales, Rodríguez apuntó al secretario de Estado Marco Rubio —de ascendencia cubana— y su «fracasada obsesión contra Cuba» como responsable de las medidas.
Pulso Global observa: las sanciones exponen un mecanismo concreto de extracción estatal. Una agencia del régimen retiene, según Washington, más del 90% del salario de trabajadores cubanos empleados por firmas extranjeras. Eso no es política exterior: es trabajo forzado subsidiado por el silencio internacional. La respuesta de La Habana culpa al bloqueo; omite explicar por qué el Estado se queda con el sueldo ajeno.
