COLOMBIA (Pulso) — Confirmado. El expresidente Gustavo Petro radicó carta ante la Mesa Directiva del Senado. Informa salida el 30 de agosto de 2026 hacia Ciudad de México. Regreso previsto el 2 de septiembre.
El motivo declarado: «participar en un evento de carácter académico». Así consta en el documento dirigido al presidente del Senado, Honorio Henríquez Pinedo, y al secretario Diego Alejandro González González.
Petro dejó la Presidencia el 7 de agosto de 2026. Ese día asumió Abelardo De La Espriella. El artículo 196 de la Constitución prohíbe a los expresidentes salir del país durante el año siguiente sin permiso previo del Senado. La restricción rige para Petro hasta el 7 de agosto de 2027.
El 10 de agosto Petro solicitó autorización genérica para todo ese año. El 12 de agosto la plenaria votó 73 a favor y 11 en contra. Sin embargo, adoptó una fórmula del Centro Democrático —propuesta por los senadores Cadavid y Espinal— que condiciona cada salida a notificación previa con fecha y lugares específicos. El viaje a México es así el primero bajo esa condición.
No todos aceptaron el esquema. El senador Jota Pe Hernández pidió negar cualquier salida, citando denuncias contra Petro en la Comisión de Acusaciones. El senador Enrique Gómez (Salvación Nacional) rechazó la autorización y la relacionó con la emergencia por el terremoto que afecta varias regiones.
Además, el abogado Manuel Vicente Villanueva Luis —apoderado de Angie Rodríguez Fajardo, exdirectora del DAPRE y del Fondo de Adaptación— solicitó al Senado revisar y revocar el permiso. Una petición similar presentó el abogado de la familia de Kevin Acosta.
Petro había señalado que su intención no es radicarse fuera, sino salir de forma intermitente.
En desarrollo.
Desde Pulso Global: el mecanismo aprobado —notificación viaje a viaje— es la mínima garantía institucional disponible. Que abogados vinculados a casos abiertos ya exijan la revocatoria revela que el debate sobre la rendición de cuentas del petrismo no cerró el 7 de agosto. El gobierno De La Espriella hereda una agenda judicial pendiente; la presión sobre el Senado para que ejerza control efectivo apenas comienza.
