PANAMÁ (Pulso) — Panamá obtuvo una puntuación de 6.93 en el Índice Global del Crimen Organizado 2025. Así lo documenta el informe de Global Initiative Against Transnational Organized Crime, con apoyo de Interpol. El país mejoró levemente desde 6.98, pero quedó en el puesto 21 entre 193 naciones analizadas. Ocupa el tercer lugar entre los ocho países centroamericanos.
Los componentes con mayor índice en Panamá, según el informe, incluyen el tráfico de cocaína, la trata de personas, el tráfico de migrantes, los delitos financieros y el pandillerismo. También destacan los funcionarios públicos vinculados al crimen organizado y los actores criminales insertos en el Estado.
El análisis señala factores estructurales que facilitan esta exposición. Los complejos portuarios, la Zona Libre de Colón y el sistema bancario aparecen como vectores. A esto se suman debilidades en investigación judicial, corrupción penitenciaria y falta de aplicación efectiva de normas.
El gobierno panameño cuenta con una Estrategia Nacional de Seguridad Ciudadana (ENSC) desarrollada con el BID. Su costo es de 30 millones de dólares. Según el análisis publicado en La Prensa, los logros obtenidos no son «encomiables».
El escenario más preocupante, según el mismo análisis, no es el visible —asesinatos, pandillas, ajustes de cuentas—. Es el invisible: el blanqueo de capitales y el control del crimen sobre esferas políticas, administrativas y judiciales.
Para Pulso Global, el cuadro es claro. Un Estado con puertos estratégicos, un centro financiero regional y una zona franca de primer nivel es un activo de primer orden para la inversión legítima. Pero esos mismos activos se convierten en palanca para el crimen cuando el sistema judicial no funciona y la impunidad normativa es la regla. La estabilidad jurídica que el gobierno Mulino promueve como argumento de atracción de capital no puede coexistir con legisladores señalados sin consecuencias. El libre mercado requiere reglas que se cumplan. Sin eso, no hay inversión: hay riesgo.
