MEXICO (Pulso) — Rubén Rocha retomó funciones como gobernador de Sinaloa. El PAN respondió de inmediato.
La senadora Lilly Téllez afirmó en redes que el regreso es «otra prueba de que México está sometido por un narcopartido». Publicó además una imagen de la presidenta Claudia Sheinbaum junto a Rocha con la leyenda: «El que manda, manda. Ella encubre y encumbra criminales por su obsesión de poder».
El diputado y vocero de la bancada panista, Federico Döring Casar, sostuvo que Sheinbaum «se ha quitado la máscara» y que «en este país manda el crimen organizado». La diputada Paulina Rubio señaló que el retorno demuestra que la FGR no realizó ninguna investigación seria.
El diputado Ernesto Sánchez Rodríguez calificó el regreso como prueba de que en Morena «quien gobierna no es la Constitución sino la complicidad y la impunidad».
Kenia López Rabadán, presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, advirtió que espera que Rocha no haya regresado buscando fuero constitucional. Vinculó además el hecho con la llegada del contralmirante Fernando Farías, acusado por la FGR de presuntamente liderar una red de huachicol fiscal.
Jorge Romero Herrera, dirigente nacional del PAN, fue contundente: «El PAN desconoce por completo el gobierno de Rubén Rocha Moya. Ningún acto de su gobierno tendrá validez». Preguntó públicamente qué ocurrió con el juicio político solicitado contra Rocha y con la solicitud de desaparición de poderes en Sinaloa. «Absolutamente nada», respondió él mismo.
Romero Herrera exigió a Sheinbaum que se pronuncie: «Si usted no lo recrimina, entonces usted lo avala. Hay todo un pueblo en Sinaloa que lleva años viviendo en guerra».
El regreso de Rocha se produce con una solicitud de extradición vigente por parte de Estados Unidos, según señaló el propio dirigente panista.
Pulso Global observa: el silencio del aparato oficial ante un gobernador señalado por Washington tiene un costo político y de credibilidad que no se borra con tecnicismos jurídicos. Cuando el fuero se convierte en escudo y la FGR en espectadora, el estado de derecho no es retórica: es la primera víctima. Sinaloa lleva años pagando esa factura.
