MEXICO (Pulso) — México importa alrededor del 70% del gas natural que consume. Así lo detallan datos del gobierno mexicano de 2024. La fuente principal: Estados Unidos, vía ductos conectados con Texas.
El debate sobre el fracking se reactivó en agosto. Un comité de científicos convocado por el gobierno federal recomendó seguir evaluando la técnica. La presidenta Sheinbaum aclaró que no existe decisión definitiva.
Los números hablan solos. La Administración de Información Energética de Estados Unidos proyectó que el índice Waha de Texas rondaría los 2 dólares en el tercer trimestre de 2026. El Henry Hub, cerca de 2.9 dólares. Producir gas no convencional en cuencas mexicanas como Burgos y Sabinas-Burro-Picachos costaría entre 6 y 8 dólares, según estimaciones del asesor energético Pech.
«En términos estrictamente económicos, hoy resulta más barato para México seguir importando gas natural por ducto desde Estados Unidos», explicó Pech. La razón: Estados Unidos ya amortizó infraestructura y opera con alta eficiencia. México partiría de cero.
Sustituir unos 2,000 millones de pies cúbicos diarios de gas importado requeriría entre 15,000 y 30,000 millones de dólares en inversión acumulada, calcula Pech. El plazo estimado: entre siete y diez años, con proyectos piloto primero.
Duhalt, investigador no residente del Centro Texas-México, coincide en la ventaja de corto plazo. Pero advierte: «La estrategia energética de México no debería depender de que un solo proveedor sea siempre abundante, barato y disponible».
Ambos especialistas plantean un escenario mixto: mantener importaciones y desarrollar producción nacional donde sea viable. «La meta razonable no sería cero importaciones, sino bajar la vulnerabilidad», cerró Pech.
Pulso Global observa que el verdadero problema no es técnico sino institucional. Desarrollar fracking requiere, según los propios especialistas citados, reglas claras y certidumbre para las inversiones. Eso es exactamente lo que el aparato estatal mexicano ha erosionado en el sector energético durante años. Sin seguridad jurídica para el capital privado, los 15,000 a 30,000 millones de dólares necesarios difícilmente llegarán. El contribuyente mexicano no debería cargar solo con ese riesgo.
