MEXICO (Pulso) — Un juez de control dictó prisión preventiva contra Guadalupe «N» el 9 de agosto. La FGR le imputó contrabando y delincuencia organizada.
Según la fuente, la mujer fue detenida —la fuente la fecha como «sábado 8 de agosto»— en la colonia Chapultepec Morales, alcaldía Miguel Hidalgo, CDMX. Elementos de la SSPC y de la Agencia de Investigación Criminal ejecutaron la captura.
Guadalupe «N» fue trasladada al Centro Penitenciario y de Reinserción Social Nezahualcóyotl Sur. Su defensa se acogió a la duplicidad del término constitucional. Su situación jurídica quedó pendiente de resolución.
La FGR la identifica como apoderada legal de Ingemar S.A. de C.V. Morena vincula a esa empresa con el presunto tráfico ilegal de combustibles, al que llama «huachicol fiscal».
El expediente suma nueve personas arrestadas y 25 órdenes de aprehensión. Según el comunicado de Morena, hay aproximadamente 4 mil 238 operaciones bajo investigación. El presunto daño a la nación supera los 4 mil millones de pesos.
Morena sostuvo que la investigación no apunta a un solo exfuncionario, sino a una red de contrabando de combustible. El partido comparó la defensa panista de Ruffo con el antecedente de Genaro García Luna, condenado en Estados Unidos por vínculos con el Cártel de Sinaloa, según el comunicado.
El PAN había denunciado persecución política tras la detención de Ruffo. Morena afirmó que cada nueva captura debilita esa versión.
Desde la línea editorial de Pulso Global, el cuadro merece dos lecturas. Primera: el aparato de la FGR —bajo un gobierno de Morena— conduce una investigación que afecta directamente al principal partido opositor. Esa concentración de poder persecutorio en manos del oficialismo es, por principio, un riesgo para el estado de derecho, independientemente de la culpabilidad individual de los imputados. Segunda: si los hechos son reales —miles de operaciones de contrabando, daño multimillonario al erario— la libre empresa y los contribuyentes son las víctimas directas del huachicol fiscal. Ambas verdades coexisten. Los jueces, no los partidos, deben definir responsabilidades.
