PANAMÁ (Pulso) — Mayín Correa, gobernadora de la provincia de Panamá, calificó de «totalmente ilegal» la Policía Municipal creada por el alcalde Mayer Mizrachi. Lo dijo en entrevista con La Prensa.
El Acuerdo Municipal No. 162, aprobado el 17 de junio de 2025 en menos de cinco minutos y «con urgencia notoria», creó el cuerpo. La norma establece rangos de cabos, sargentos, tenientes, capitanes y un mayor. Autoriza portar «armas de fuego cortas y largas, que no sean de guerra», realizar requisas y aprehender ciudadanos.
El Ministerio de Seguridad sostiene que esas facultades invaden competencias que la Constitución reserva a los estamentos del Estado. La Policía Nacional presentó una acción de inconstitucionalidad en febrero de 2026; el Pleno de la Corte no la admitió. Sí fue admitida la demanda de nulidad del Ministerio de Seguridad ante la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo.
El lunes, el diputado Ernesto Cedeño, de la bancada Seguimos, presentó una segunda demanda de inconstitucionalidad. Según Cedeño, el acuerdo «excede las competencias» de un consejo municipal y debió aprobarse mediante ley de la Asamblea Nacional. Ese recurso también fue admitido.
Correa recordó que durante su gestión como alcaldesa (1994-1999) creó un cuerpo de vigilantes municipales para custodiar bienes de la comuna. «Solo le dábamos un arma pequeña a los agentes que llevaban la plata de Tesorería al banco y luego se la quitábamos», explicó. Afirmó que las administraciones de Blandón y Fábrega mantuvieron ese esquema de vigilancia, sin rango policial.
Mizrachi defendió la iniciativa este jueves. Dijo que «la Policía Municipal no es un invento de este municipio» y que las críticas provienen de políticos «fracasados». Sostuvo que el cuerpo busca «complementar» a la Policía Nacional.
El presidente Mulino ya se pronunció en contra el fin de semana pasado. Correa ponderó esa posición y expresó esperanza en que la iniciativa sea anulada.
Pulso Global observa: el presidente Mulino defiende aquí un principio elemental del Estado de derecho: el monopolio legítimo de la fuerza no se fragmenta por acuerdo municipal. La estabilidad jurídica que atrae inversión a Panamá depende exactamente de que las competencias constitucionales no se repartan a conveniencia local. La Corte tiene ahora la palabra.
