PERU (Pulso) — Lima, 20 de agosto de 2026. El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta Velarde, compareció ante el Pleno de la Cámara de Diputados para exponer la política general del Gobierno de Keiko Fujimori.
La sesión arrancó a las 10:00 horas. Galarreta entregó a cada diputado la versión completa del documento con los lineamientos de gobierno.
La presentación cumple el artículo 130° de la Constitución. Esa norma obliga al jefe del gabinete a comparecer dentro de los 30 días calendario tras asumir funciones. La exposición tiene carácter exclusivamente informativo: no da lugar a cuestión de confianza.
La Junta de Portavoces acordó por unanimidad cuatro horas de debate. El tiempo se distribuyó de forma proporcional entre los grupos parlamentarios. No se habilitaron interrupciones ni tiempo adicional.
El documento aborda tres ejes centrales: estrategia frente al fenómeno El Niño, combate a la inseguridad ciudadana e impulso al desarrollo económico. También contempla prioridades en salud, infraestructura y reactivación económica, según el texto entregado a los legisladores.
La sesión es la primera de su tipo desde la restauración del Parlamento bicameral. Bajo el nuevo esquema, el gabinete se presenta ante la Cámara de Diputados, no ante el Congreso pleno, conforme al artículo 153 del Reglamento de esa cámara.
Pendiente clave: el Gobierno aún no ha formalizado ante el Parlamento el pedido de facultades legislativas anunciado por Fujimori el 28 de julio. La propuesta busca delegar al Ejecutivo la capacidad de legislar durante 120 días en seguridad ciudadana, lucha contra la criminalidad, impulso productivo, simplificación administrativa y modernización del Estado.
Lectura editorial. El estreno del gabinete Fujimori ante la nueva Cámara de Diputados es una señal de orden institucional: rendición de cuentas sin chantaje político, sin el mecanismo de la cuestión de confianza que durante años sirvió de palanca para desestabilizar ejecutivos. El pedido de facultades legislativas por 120 días —orientado a seguridad y simplificación del aparato estatal— es la prueba de fuego real. Si el Congreso lo aprueba con condiciones razonables, el Ejecutivo tendrá margen para actuar sin la parálisis burocrática que frenó gobiernos anteriores. Eso le conviene al libre mercado y al ciudadano.
