COLOMBIA (Pulso) — Confirmado. La Fiscalía General de la Nación formalizó este jueves los escritos de acusación en dos casos emblemáticos del gobierno Petro.
Guerrero: títulos falsos para llegar al poder
Juliana Guerrero será acusada por fraude procesal. Según la Fiscalía, obtuvo diplomas falsos de la Fundación Universitaria San José. Nunca asistió a clases. Nunca presentó exámenes. Tampoco rindió la prueba Saber Pro, exigida por el Ministerio de Educación.
Con esos documentos, según el ente investigador, ingresó la información al sistema Sigep II. El objetivo: obtener su nombramiento como viceministra de las Juventudes del Ministerio de la Igualdad.
La audiencia se realizó a las 10:00 a.m. ante el Juzgado 46 de Conocimiento de Bogotá.
Roa: apartamento a precio «injustificable» y presiones en Ecopetrol
Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol y exgerente de la campaña Petro Presidente 2022, enfrenta acusación por tráfico de influencias.
Según la Fiscalía, Roa adquirió un apartamento en el sector del Chicó de Bogotá por $1.800 millones de pesos. Su valor comercial ascendía a $2.727 millones. La diferencia: 34%, equivalente a $927 millones, según el fiscal del caso.
El vendedor fue Juan Mancera. La Fiscalía sostiene que Roa ejerció presiones sobre el presidente de Hocol para favorecerlo con un contrato en un proyecto de regasificación. «La influencia ejercida por el señor Ricardo Roa sobre el presidente de Hocol fue indebida», señaló el ente investigador durante la imputación.
Roa enfrenta además un proceso separado por irregularidades en la financiación de la campaña presidencial de 2022 ante el Consejo Nacional Electoral.
La diligencia se instaló a las 12:00 p.m. ante el Juzgado Sexto de Conocimiento de Bogotá.
Lectura editorial
Dos casos, un patrón: el petrismo llegó al poder prometiendo combatir la corrupción y hoy sus propios cuadros enfrentan acusaciones formales por fraude y tráfico de influencias. El Estado como botín no es retórica; es lo que documenta la Fiscalía.
Para Colombia, la jornada importa más allá de los nombres. Demuestra que las instituciones funcionan cuando no se capturan. El costo de ignorarlo lo pagan los contribuyentes y la inversión que no llega.
