COLOMBIA (Pulso) — Confirmado. La embajadora de Colombia en Haití, Vilma Rocío Velásquez Uribe, fue declarada insubsistente por el nuevo Gobierno. Aun así, anunció que no dejará su puesto.
Su condición tiene límite legal. El Decreto Ley 274 de 2000 le otorga dos meses para abandonar el cargo y regresar a Colombia.
El detonante es una investigación de Caracol Radio. Según ese medio, la Cancillería habría detectado más de US$500.000 —equivalentes a unos $1.500 millones— pendientes de legalización en la misión diplomática. También aparecen movimientos con soportes insuficientes, retiros en efectivo y cheques sin justificación plena.
Velásquez niega haber recibido o manejado esos recursos personalmente. Afirma que los fondos tienen documentación. Invitó a las autoridades a revisar sus cuentas y las de la embajada. Según su versión, realizó al menos 60 comunicaciones a la Cancillería para advertir sobre dificultades administrativas, especialmente por falta de personal especializado.
«La existencia de asuntos administrativos o documentales pendientes no puede confundirse con la pérdida o apropiación de recursos públicos», sostuvo, según Caracol Radio.
La diplomática acudió a la Fiscalía. Pidió que se investiguen las presuntas irregularidades y una supuesta filtración desde la Cancillería que, según ella, pudo haber sido «falsa o tergiversada».
Este no es su único frente abierto. La Procuraduría abrió una investigación y ordenó su suspensión provisional hasta el 31 de mayo por presunta participación indebida en política. El proceso se relaciona, según la fuente, con declaraciones en un medio haitiano en las que habría expresado respaldo a un candidato presidencial.
Antes de ser embajadora, Velásquez fue cónsul en Puerto Príncipe. Desde ese cargo recibió cuestionamientos de familias de colombianos detenidos en Haití por el asesinato del presidente Jovenel Moïse.
Pulso Global observa: una embajadora con dos investigaciones activas, declarada insubsistente, que se aferra al cargo usando recursos del Estado como escudo, ilustra el costo institucional del clientelismo diplomático. El contribuyente colombiano merece cuentas claras, no batallas burocráticas en Puerto Príncipe.
