VENEZUELA (Pulso) — El documento desclasificado de la CIA sobre Venezuela —seis páginas, una completamente tachada— no sorprendió a quienes trabajaron en la defensa del voto. Así lo afirmaron la politóloga Nazly Escalona y el experto electoral Juan Manuel Trak en declaraciones a El Nacional.
Trak señaló que el informe evidencia que la manipulación electoral «no tenía como eje los equipos electrónicos sino las condiciones» del proceso. Citó la ausencia de libertad de expresión, la persecución de candidatos y la inhabilitación sistemática de partidos políticos como el «verdadero fraude».
Escalona fue más directa: «Los venezolanos sabemos lo que ha pasado, no hay novedad en ese memo de la CIA». Según ella, el documento ni siquiera concluye que hubo fraude electrónico masivo. Mientras la CIA hace referencia a la posible manipulación de unas 300 máquinas, la oposición identificó unas 9.000 mesas vulnerables tras analizar alrededor de 40.000 en todo el país.
Esa metodología se construyó desde las elecciones de 2012 y 2013, cuando Capriles Radonski se enfrentó a Chávez y luego a Maduro. La estrategia pasó a centrarse en garantizar presencia ciudadana en los centros más expuestos a irregularidades.
El resultado llegó el 28 de julio de 2024. Las actas recopiladas por el Comando ConVzla mostraron que Edmundo González obtuvo casi 70% de los votos. Maduro recibió el respaldo de apenas 30%, según ese conteo. El Consejo Nacional Electoral proclamó ganador al candidato chavista sin publicar pruebas. El Tribunal Supremo de Justicia convalidó esa decisión. Miles de presos políticos son el saldo de la represión posterior.
Trak afirmó que la participación electoral «siempre es el camino correcto» y que 2024 demostró que, incluso en las condiciones más desiguales desde las regionales de 2017, fue posible documentar el fraude con actas.
Pulso Global subraya lo que el caso venezolano expone con claridad: el aparato estatal no necesita hackear máquinas cuando controla las reglas, los árbitros y la represión. La oposición venezolana construyó durante más de una década una estructura de verificación que el Estado nunca pudo desmantelar del todo. Ese capital cívico —no el memorando de la CIA— es lo que hoy sostiene la legitimidad de González ante la comunidad internacional.
