VENEZUELA (Pulso) — Confirmado. Más de 13.000 millones de dólares en ingresos del petróleo venezolano habían sido recaudados bajo el esquema estadounidense a finales de julio, según cálculos del Financial Times.
El mecanismo funciona así: las licencias de la OFAC determinan qué empresas operan legalmente. Parte de los ingresos queda depositada en cuentas designadas del Departamento del Tesoro. El secretario de Estado Marco Rubio explicó que las autoridades venezolanas presentan sus necesidades de gasto y que Estados Unidos controla el proceso de desembolso.
La propiedad no cambió. El petróleo y sus ingresos siguen siendo venezolanos. Pero el Gobierno de Venezuela no puede disponer por sí solo de una parte de ellos, según la fuente.
El 11 de febrero de 2026, el secretario de Energía Chris Wright visitó Caracas. Junto a Delcy Rodríguez, afirmó que Washington trabajaba en nuevas licencias para que empresas ya presentes y otras nuevas pudieran invertir capital, aumentar producción y elevar exportaciones.
La opacidad es el problema central. Roxanna Vigil, exasesora sénior de política de sanciones de OFAC y exdirectora para Asuntos Andinos del Consejo de Seguridad Nacional, calculó que durante los primeros cuatro meses del mecanismo, casi 100 millones de barriles —valorados en unos 8.000 millones de dólares— circularon sin registro público completo de ventas, ingresos ni uso posterior de fondos.
En abril, según Vigil, un funcionario del Departamento de Estado informó al Congreso que se habían autorizado alrededor de 3.000 millones de dólares para Venezuela. No pudo precisar cuánto permanecía aún en cuentas del Tesoro.
Analistas externos debieron reconstruir parte del flujo a partir de datos de buques, volúmenes exportados y precios del crudo.
La propia orden que protege los fondos establece que el mecanismo también responde a objetivos de política exterior y seguridad nacional de Estados Unidos, según el documento.
Esto es lo que se sabe. Washington supervisa la renta petrolera venezolana, impulsa inversión privada en ese sector y autoriza los desembolsos al Estado venezolano. Todo bajo una opacidad que el propio esquema no ha resuelto.
Para Pulso Global, el principio en juego es claro: un sistema que reemplaza la discrecionalidad chavista con otra caja negra no garantiza que el dinero de los venezolanos llegue a los venezolanos. La rendición de cuentas no es un detalle técnico; es la diferencia entre supervisión legítima y tutela sin mandato. Mientras no exista un registro público completo, la pregunta de quién decide y bajo qué criterios seguirá sin respuesta.
