VENEZUELA (Pulso) — El documental «Presos del régimen» recoge los testimonios de diez personas detenidas por las fuerzas de seguridad venezolanas tras las elecciones del 28 de julio de 2024.
Los protagonistas son Henry Alviarez, Dignora Hernández, Gabriel González, Freddy Superlano, Perkins Rocha, Lourdes Villarreal, Luis Tarbay, Henry Salazar, Víctor Castillo y María Oropeza. Todos formaban parte del Comando Con Venezuela o eran activistas vinculados a la campaña electoral.
Según Rocha, tras el 28 de julio «empezó a sentirse un clima de rabia, frustración y de cierta agitación» y «paralelamente empezó a intensificarse la persecución». Los testimonios describen detenciones sin orden judicial, traslados a centros de reclusión y condiciones extremas.
Hernández relata que en El Helicoide le aplicaron una técnica llamada «rueda de pescado» para impedir su avance. Oropeza afirma: «Yo creí que me iban a matar. Si ya lo han hecho con otros, por qué conmigo no». Alviarez señala que sobrevivir exigió fortaleza espiritual: «Si uno no está fortalecido espiritualmente, se derrumba».
Los relatos incluyen celdas donde, según los testimonios, los detenidos debían dormir junto a ratas. Algunos habrían sido llevados a una celda «presurizada», según describe el documental.
Villarreal recuerda que una custodia le advirtió: «Lo que quieren ellos es que te autodestruyas. No dejes que te destruya el sistema». Tarbay explica que su motivación fue «el futuro de nuestros hijos».
«Presos del régimen» es la segunda producción de Methodo, consultora latinoamericana. Su anterior trabajo, «Narcoterroristas», superó los 25 millones de reproducciones en América Latina y Estados Unidos, según la fuente.
Patricio Hernández, de Methodo, afirmó que dar visibilidad a lo ocurrido en Venezuela «es una obligación moral».
Lectura editorial. El aparato de seguridad venezolano no actúa en el vacío: opera como instrumento de un régimen que, según estos testimonios, convirtió la participación electoral en delito perseguible. Cada celda descrita es un costo concreto —pagado en libertad, dignidad y familia— que el Estado impone a quienes ejercen derechos básicos. Documentar esos costos es el primer paso para que la comunidad internacional no los normalice.
