VENEZUELA (Pulso) — La docente y exdirectora Nayibet Morales, del estado Bolívar, denunció su remoción del cargo. Según su relato, las autoridades le notificaron un «cese de funciones». El motivo atribuido: el desconocimiento del gobierno.
Morales sostiene que la decisión respondió a sus posiciones políticas. También señala su participación en actividades de protesta a favor de la democracia.
Según la denuncia, las presiones alcanzan el interior de los centros educativos. Morales afirmó que los trabajadores son instados a participar en actividades vinculadas al chavismo. A su juicio, esas actividades no corresponden a las funciones propias de la enseñanza.
«No podemos expresar libremente lo que queremos», declaró Morales, según recoge la fuente.
La organización Aula Abierta ha advertido previamente sobre restricciones a la libertad de expresión y represalias contra integrantes del sector educativo en Venezuela. La denuncia de Morales se suma a otros señalamientos sobre dificultades para ejercer derechos como la libertad de expresión y la participación sindical en ese sector.
Morales cuestionó que las diferencias políticas puedan tener consecuencias sobre la trayectoria laboral de los docentes. Exigió que las decisiones administrativas respondan a criterios profesionales. «No puede ser que vivamos oprimidos y no debe ser así», expresó.
Nota: la fuente original consigna la fecha 17 de agosto de 2026; Pulso Global la reproduce tal como aparece en el documento.
El caso ilustra un patrón documentado por organizaciones de derechos humanos: el aula convertida en territorio de control político. Cuando el aparato estatal usa el empleo público como palanca de disciplina ideológica, el costo lo pagan los trabajadores que se atreven a disentir. La libertad de expresión sin represalias laborales no es un privilegio; es condición mínima de cualquier sistema educativo funcional. Mientras esa condición no se garantice, Venezuela seguirá expulsando a docentes por sus convicciones, no por su desempeño.
