CUBA (Pulso) — La represión en Cuba alcanzó un nuevo máximo histórico. Según el último informe de Prisoners Defenders, el régimen de Díaz-Canel cerró julio con 1.327 presos políticos. Es la cifra más elevada desde que la organización comenzó su registro.
Durante julio se incorporaron 36 nuevos presos políticos. De ellos, 15 fueron encarcelados en relación directa con protestas, según el documento.
El perfil de los detenidos es amplio. Manifestantes, activistas, periodistas independientes, artistas y ciudadanos que expresaron críticas al régimen. También personas detenidas por solidarizarse con presos o por participar en acciones vinculadas a protestas sociales.
Las condiciones de reclusión son graves. Prisoners Defenders reporta que 459 presos presentan enfermedades o patologías graves. La organización denuncia falta de atención médica, alimentación insuficiente y condiciones de reclusión deterioradas.
La organización advierte además que el número real podría ser superior. Las restricciones al trabajo independiente en Cuba dificultan documentar todos los casos.
El contexto agrava el cuadro. La isla atraviesa una crisis económica y energética severa: apagones prolongados, escasez de productos básicos y deterioro de servicios públicos. Esas condiciones multiplicaron las protestas en distintas zonas del país.
Lectura editorial. El récord de 1.327 presos políticos no es una estadística abstracta: es el precio que paga la disidencia bajo un aparato estatal sin contrapesos. Mientras el régimen responde al descontento con más celdas, la crisis económica que lo generó sigue sin solución. La libertad individual y el libre mercado —ausentes en Cuba desde hace décadas— son exactamente lo que esos 1.327 detenidos reclamaron, de una forma u otra. El silencio internacional frente a este récord tiene un costo moral que no admite eufemismos.
