COLOMBIA (Pulso) — La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia definiría este jueves 13 de agosto la situación jurídica del alcalde de Sincelejo, Yahir Acuña.
Fuentes al interior del tribunal confirmaron a Semana que los votos estarían listos. El delito investigado: concierto para delinquir agravado por promover grupos al margen de la ley.
Acuña enfrenta cargos por presuntos vínculos con la banda criminal Los Rastrojos Costeños. La Corte lo investiga con base en el fuero que tuvo como representante a la Cámara.
El proceso arrancó tras los señalamientos del exparamilitar Juan Manuel Borré Barreto. Según Borré, Acuña habría recibido un supuesto apoyo millonario para su campaña al Congreso en esa región del país.
Borré declaró entre agosto y noviembre de 2014: «Yahir Acuña, un senador muy reconocido, un cacique político en la Costa, en Sucre, en Bolívar y en Córdoba, y como que ahí se van a dar de cuenta si miran ahí unas restituciones de tierra que fueron asesinados en San Onofre, Sucre, ahí hasta aparecen en la revista Semana del año 2012 que salieron, esos homicidios fueron organizados entre Yahir Acuña con nosotros».
El expediente reposa en el despacho del magistrado César Reyes. Semana lo reveló desde julio de 2024.
Salvatore Mancuso, excomandante de las Autodefensas de Colombia, también declaró ante el magistrado Reyes. Allí se habría precisado la posible relación de Acuña con los paramilitares, según la fuente.
El expresidente Juan Manuel Santos advirtió que en Bolívar, Sucre y Cesar operarían bandas criminales antirrestitución de tierras. Borré vinculó además a Acuña con supuesto «control político» en esa zona.
El propio alcalde ha denunciado amenazas en su contra por parte de grupos armados ilegales.
Pulso Global observa: si la Corte dicta medida de aseguramiento, Sincelejo quedaría sin su alcalde electo en pleno ejercicio. El caso ilustra el costo institucional de tolerar la infiltración criminal en la política regional. El orden y la propiedad —en particular los derechos de restitución de tierras— no se defienden con funcionarios cuya relación con grupos armados está bajo escrutinio judicial.
