COLOMBIA (Pulso) — El Congreso de Colombia recibirá un acto legislativo para modificar el artículo 109 de la Constitución Política. El objeto declarado: eliminar la reposición de votos en consultas internas, populares e interpartidistas.
La iniciativa es del senador Cadavid, del Centro Democrático. Consta de dos artículos. El primero suprime la financiación estatal por votos en consultas. El segundo eleva los requisitos de votación para acceder a recursos públicos en campañas avaladas.
El detonante fue directo. El 19 de agosto, Semana reveló que el Consejo Nacional Electoral autorizó el pago de 4.941 millones de pesos a la exalcaldesa López. El CNE fijó el valor en 8.710 pesos por voto. El grupo ciudadano por el que se inscribió obtuvo 573.104 respaldos el 8 de marzo.
Cadavid fue explícito: según el documento, calificó la figura como «un negocio injustificable» y llamó al mecanismo «un barril sin fondo». Señaló que López ingresó a la consulta únicamente para obtener esa reposición.
Otros aspirantes presidenciales también recibirán recursos por la misma consulta. Pero el caso López concentró el rechazo porque, según congresistas citados por Semana, la consulta fue diseñada por ella y para ella.
El trámite no será sencillo. La financiación estatal existe como garantía de participación. Algunos sectores proponen modularla: mantenerla solo para votaciones altas, no para consultas de bajo respaldo.
Lectura editorial. Cinco mil millones de pesos del erario para sostener la vigencia política de una figura que obtuvo menos de la mitad de los votos que logró en 2019: eso es lo que está en juego. El aparato estatal, una vez más, convertido en caja de resonancia para aspiraciones personales. La reforma de Cadavid apunta al principio correcto: el dinero de los contribuyentes no debe financiar consultas a la medida. Si el Congreso no actúa, el mensaje será claro: en Colombia, la democracia sí tiene precio, y lo paga el ciudadano.
