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Colombia debate ley de alerta sísmica tras terremoto que dejó 304 muertos y 123.789 familias afectadas

El Congreso tramita el Sistema Nacional de Alerta Sísmica Temprana: mensajes gratuitos a celulares, radio y TV. La iniciativa llega semanas después del sismo del 10 de agosto.
Foto: elcolombiano.com
martes 18 de agosto de 2026 · 22:22 UTC

El Congreso de Colombia debate un proyecto de ley para crear el Sistema Nacional de Alerta Sísmica Temprana (SNAST). La iniciativa fue radicada por la senadora Villalba, del Nuevo Liberalismo.

El detonante es claro. El terremoto del 10 de agosto, magnitud 7,4, dejó —según la UNGRD— 304 personas fallecidas, 426 desaparecidas y 123.789 familias afectadas.

El proyecto establece que el Servicio Geológico Colombiano (SGC) detectaría los sismos y activaría las alertas. El mensaje llegaría de forma automática y simultánea a todos los operadores de telecomunicaciones. Sin importar marca, operador ni saldo disponible.

La UNGRD coordinaría la operación. También lideraría simulacros y campañas de preparación ciudadana.

Según Villalba, el envío y la recepción no tendrían costo para los ciudadanos ni para el Estado. Los operadores integrarían sus redes al sistema nacional.

El proyecto contempla además interrumpir la programación radial y televisiva para emitir instrucciones de emergencia.

Antes de convertirse en ley, la iniciativa debe superar cuatro debates en el Congreso y recibir sanción presidencial.

El Ministerio TIC, la CRC, el SGC, la UNGRD y los operadores deberán elaborar un reglamento técnico con protocolos de activación y cronogramas de pruebas piloto.

Según la Defensoría del Pueblo, cerca del 80% de la población colombiana —unos 45 millones de personas— vive en zonas con amenaza sísmica alta o intermedia.

Lectura de la casa. Un sistema de alerta temprana con cobertura nacional responde a una necesidad real y urgente. El modelo propuesto —donde los operadores privados integran sus redes sin costo para el Estado— es sensato: aprovecha infraestructura existente sin crear nueva burocracia ni gasto público. El riesgo está en el trámite. Cuatro debates legislativos y reglamentación técnica multiinstitucional pueden convertir una respuesta urgente en un proceso interminable. La eficacia del sistema dependerá de que el aparato estatal no lo ahogue antes de que funcione.

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