COLOMBIA (Pulso) — Confirmado. La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) anunció que los comparendos impuestos a dos vehículos en Córdoba y Tolima no tendrán trámite ni se cobrará la multa.
Los casos surgieron tras el terremoto reciente. Transportadores se movilizaron hacia el Chocó, Cali y el Eje Cafetero con ayudas humanitarias. En el peaje de Cajamarca, vía Pereira, un conductor recibió una multa de 1.200.000 pesos por presunto sobrepeso de 60 kilos sobre lo permitido.
La ANI actuó por instrucción del Ministerio de Transporte. El carácter humanitario del cargamento fue el argumento central.
La ministra Noguera lo dijo sin rodeos. «Resulta inexplicable que un vehículo que lleva ayuda para familias que lo han perdido todo termine sancionado», señaló según el comunicado oficial. Noguera también citó una instrucción de priorizar la emergencia y pidió a los concesionarios alinearse «hasta por el último funcionario que está en una báscula, un peaje o un punto de control», según sus palabras.
MinTransporte también suspendió el cobro de peajes en los corredores Armenia-Pereira-Manizales, Bogotá-Girardot-Ibagué-Cajamarca, Buga-Buenaventura y el Valle del Cauca.
La ANI informó que coordinará con concesionarios medidas excepcionales. El objetivo: que alimentos, agua y medicamentos no se obstaculicen en peajes, estaciones de pesaje y puestos de control.
En desarrollo.
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La imagen de un camión con víveres detenido en una báscula mientras familias esperan ayuda resume el costo real de la burocracia sin criterio. La norma del sobrepeso existe para proteger la infraestructura vial — dinero de los contribuyentes —, no para bloquear socorro en una emergencia. Que la corrección haya llegado tarde, y solo tras la denuncia pública, revela un aparato estatal que aplica el reglamento sin leer el contexto. La libre empresa y la solidaridad civil movilizaron los suministros; el Estado primero los frenó y luego se atribuyó la solución.
