COLOMBIA (Pulso) — Las autoridades colombianas actualizaron el sábado por la noche el balance del terremoto de magnitud 7.4. La cifra oficial es ahora 289 muertos y 143 desaparecidos.
Horas antes, la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres (UNGRD) había reportado 294 fallecidos y 320 desaparecidos. El director de la UNGRD, Tamayo, explicó la discrepancia: los municipios ajustan sus reportes al cierre de cada jornada.
El sismo tuvo epicentro en San José del Palmar, departamento del Chocó. Dejó 3.937 heridos y más de 117.000 personas afectadas, según la UNGRD. Las viviendas destruidas suman 14.705; otras 81.536 registran daños.
El Instituto de Medicina Legal identificó a 279 víctimas, entre ellas 21 menores de edad. Los cuerpos de 268 fallecidos ya fueron entregados a sus familias.
En Cali, el alcalde Eder dirige la búsqueda de más de 70 desaparecidos. «Los milagros existen», declaró desde el puesto de mando unificado. El vicepresidente Restrepo recorrió el sábado comunidades rurales de Risaralda.
El presidente De la Espriella declaró desastre nacional y emergencia económica. La medida habilita impuestos temporales destinados a hospitales, escuelas, vías y aeropuertos. De la Espriella también solicitó a Trump la suspensión temporal de aranceles; no precisó la respuesta.
Estados Unidos elevó su aporte a 26,5 millones de dólares en ayuda humanitaria, según el Departamento de Estado. Equipos de Israel, Ecuador y México —seis vuelos con ayuda humanitaria— se suman a las brigadas colombianas. Paraguay envió 50 toneladas de medicamentos e insumos.
Ingenieros israelíes guían la retirada de escombros en el Hospital Universitario de Cali, según informó el ejército de ese país.
---
La respuesta del gobierno de De la Espriella muestra coordinación internacional sólida en las primeras horas críticas. El apoyo de Washington —26,5 millones de dólares— y la presencia de equipos acreditados por Naciones Unidas refuerzan la capacidad de respuesta sin sustituirla.
La declaración de emergencia económica, sin embargo, abre la puerta a impuestos temporales cuyo alcance y duración real merecen seguimiento. El dinero de los contribuyentes colombianos financiará la reconstrucción; la transparencia en su ejecución será la prueba de fuego para el nuevo gobierno.
