BRASIL (Pulso) — El Gobierno de Brasil anunció este jueves el inicio de un proceso administrativo para aplicar contramedidas comerciales contra Estados Unidos. La base legal es la Ley de Reciprocidad Económica brasileña.
Washington había impuesto aranceles adicionales de entre el 12,5 % y el 25 % a productos brasileños. La justificación: supuestas prácticas comerciales «desleales» y uso de trabajo forzoso en cadenas productivas.
Brasilia rechaza esa justificación. La Cancillería afirmó haber presentado «pruebas que refutan cada una de las alegaciones» a lo largo del último año. El comunicado oficial calificó los aranceles de «injustificados y arbitrarios».
De forma simultánea, Brasil notificó a Washington y solicitó consultas diplomáticas. El objetivo declarado: «mitigar o anular los efectos de las medidas y contramedidas previstas en la ley», según el Ministerio de Relaciones Exteriores.
La escalada no es solo comercial. La semana pasada, el Gobierno de Trump retiró el visado a la embajadora brasileña en Washington. La medida respondió, según Washington, a demoras de Brasil en aprobar al nuevo embajador designado por Trump.
Brasil también abrió una disputa formal ante la Organización Mundial del Comercio. El Gobierno de Lula sostiene que tanto los aranceles como la retirada del visado son sanciones de motivación política, orientadas a interferir en las elecciones presidenciales de octubre.
Lectura de Pulso Global. La respuesta de Brasilia sigue el manual del proteccionismo recíproco: burocracia contra burocracia, arancel contra arancel. El costo lo pagan los consumidores y las empresas de ambos lados. La libre empresa no gana cuando los gobiernos convierten el comercio en instrumento de presión electoral. El calendario importa: octubre está cerca, y la disputa ya mezcla tarifas con política doméstica brasileña. Eso complica cualquier salida negociada antes de los comicios.
