COLOMBIA (Pulso) — Confirmado. La revista Semana publicó fragmentos de una grabación obtenida en la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI). La reunión ocurrió el 18 de julio de 2025.
Asistieron Manuel Antonio Castañeda, alias el Narcochofer; Gustavo Arias, entonces director de Contrainteligencia de la DNI; Jorge Lemus, exdirector de la DNI; y un analista de información.
El Narcochofer se presentó como intermediario de dos cabecillas del Clan del Golfo recluidos en EE.UU.: alias Falcon y alias Fortuna. Según la grabación, ambos ofrecían información a cambio de beneficios concretos.
El precio pactado, según palabras del Narcochofer en el audio: «Se supone, doctor, que se hacía eso y, en contraprestación, ellos pedían que algunos bienes, o por lo menos uno, de los que están en la SAE, fueran entregados a un tercero de buena fe en administración para ellos poder dar el otro paso».
Lemus, según la grabación, respondió: «No, no, pero yo me comprometo a que lo hacemos». Y añadió: «Yo puedo manejar las cosas con la misma SAE, tranquilo».
El primer acercamiento, según el Narcochofer, ocurrió con Augusto Rodríguez, entonces director de la Unidad Nacional de Protección (UNP). El intermediario afirmó que Rodríguez le indicó que «el presidente ya tenía conocimiento de estos temas».
Como muestra de buena fe, se realizó una incautación de armas en Puerto Boyacá, Magdalena Medio. El Gobierno, según el Narcochofer, no cumplió la contraprestación en el plazo acordado.
Falcon es Juan José Valencia. Fue detenido en mayo de 2021 en Rionegro, Antioquia. Controlaba rutas de narcotráfico hacia Bélgica, Holanda, Guatemala y República Dominicana, según inteligencia colombiana. Fue extraditado, condenado en EE.UU. y quedó en libertad a finales del año pasado, según Semana.
Fortuna es Andrés Mauricio Vélez. Cumplió cuatro años de prisión en EE.UU. Fue recapturado a su regreso a Colombia por lavado de activos, enriquecimiento ilícito y concierto para delinquir, en septiembre de 2025, casi dos meses después de la reunión revelada.
Esto es lo que se sabe. El cuadro es grave: dinero de los contribuyentes —en forma de bienes administrados por la SAE— habría sido ofrecido como moneda de cambio a organizaciones criminales. No es negociación de paz. Es el aparato estatal arrodillado ante la mafia. Que el entonces director de inteligencia del Estado haya preguntado «¿qué prometimos nosotros?» antes de comprometerse a cumplir lo pactado revela una cadena de decisiones que compromete al Ejecutivo de Petro en su núcleo. En desarrollo.
